Los Obispos de la República Dominicana estamos en espera, desde hace un tiempo, del desenlace del proceso de aprobación del Código Penal de nuestro país.
En enero, durante la legislación extraordinaria, manifestamos al Senado la urgencia de que esta importante pieza legislativa fuese aprobada. Antes de terminar dicha legislación el Senado aprobó el proyecto y lo envió a la Cámara de Diputados en el mes de febrero.
Conviene no olvidar que dicha pieza legislativa perimiría el 23 de julio próximo.
Como dominicanos, reiteramos la urgencia de tener un Código Penal actualizado, que permita castigar tanto los crímenes de corrupción como los múltiples delitos no tipificados en el Código actual.
Como pastores, exhortamos a los Honorables Legisladores a que cumplan con el deber cívico y moral que tienen de llevar adelante la aprobación de dicha ley. La situación reinante así lo exige cada día más. El destino de la Nación depende de instrumentos legislativos que le permitan el ejercicio de una institucionalidad articulada, en un marco jurídico constitucional.
A las personas de buena voluntad los animamos disponer de los medios a su alcance para demandar del Congreso Nacional un Código Penal acorde con el momento histórico que vivimos y con los valores fundamentales del pueblo dominicano.
