1- Nosotros los obispos atentos a los acontecimientos nacionales y después de haber escuchado diversos sectores sobre la reforma fiscal, de igual forma, comprometidos con la promoción del bien común y la justicia social, valoramos los esfuerzos del Gobierno de la República Dominicana por fortalecer la economía nacional y atender los desafíos que enfrenta el país, reflejados en el proyecto de reforma fiscal presentado recientemente. Conscientes de las necesidades que enfrenta el país en términos de ingresos fiscales, consideramos que cualquier ajuste debe realizarse con un enfoque humanista y socialmente equitativo.
2- En este sentido, extendemos un llamado a las autoridades gubernamentales, sectores económicos y la sociedad en general para que se fomente un diálogo abierto y constructivo, en el que se escuchen todas las voces y se analicen los posibles efectos de esta reforma sobre los sectores más vulnerables. Sugerimos al gobierno tener un mayor control de los gastos públicos y controlar los posibles escapes, como vicios de corrupción, que puedan darse en la administración de tales recursos.
3- Como pastores ponemos de relieve nuestra preocupación por el impacto de las medidas propuestas a la población de ingresos medios y bajos, ya que un incremento en la carga tributaria de estos sectores podría generar serias dificultades para las familias, afectando su capacidad para cubrir sus necesidades básicas. Recordamos que el papel del Estado es, fundamentalmente, el de velar por el bienestar de todos los ciudadanos, en especial de aquellos que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Como se expresa en la Constitución Pastoral del Vaticano II, Gaudium et Spes, “el orden social y su progreso deben subordinarse constantemente al bien de la persona, pues el orden de las cosas debe estar sometido al orden de las personas, y no al revés” (Gaudium et Spes, 26).
La Dimensión Ética y Social de la Reforma Fiscal
4- La doctrina social de la Iglesia nos llama a recordar que la justicia social debe ser el principio rector de cualquier política pública. La reforma fiscal que se propone no solo debe considerar el equilibrio financiero del país, sino también el bienestar de los ciudadanos, especialmente de aquellos menos favorecidos. En este sentido, creemos que es fundamental que los ajustes fiscales no se realicen a expensas de los sectores que ya enfrentan dificultades económicas. Como se subraya en la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, “la dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica” (Evangelii Gaudium, 2013).
5- Invitamos al Gobierno a reflexionar sobre el carácter redistributivo de la reforma. La tributación, si bien es una herramienta clave para el desarrollo, no debe convertirse en una carga que profundice las desigualdades. Es indispensable que los cambios fiscales contribuyan a una distribución más equitativa de la riqueza y a la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. El Estado tiene el deber de crear las condiciones para un desarrollo inclusivo, que permita a todos los ciudadanos mejorar su calidad de vida y contribuir al progreso del país desde sus capacidades y circunstancias.
Diálogo Abierto y Transparente
6- Hacemos un llamado a continuar el diálogo como la vía principal para alcanzar acuerdos que beneficien al país. Creemos que es fundamental que las decisiones sobre la reforma fiscal no se tomen de manera unilateral, sino que se basen en la consulta y la participación de todos los sectores de la sociedad. En palabras del Papa Francisco, “un diálogo auténtico debe constituirse como un auténtico espacio de encuentro donde se abra al otro y se le ofrezca la posibilidad de dar lo mejor de sí” (Fratelli Tutti, 198).
7- Un diálogo efectivo debe incluir no solo a las autoridades y a los sectores económicos, sino también a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las organizaciones religiosas y los grupos comunitarios. Solo a través de un proceso inclusivo podremos garantizar que la reforma fiscal refleje las verdaderas necesidades de la nación y proteja a los ciudadanos más vulnerables.
Compromiso con el Bien Común
8- En este momento crucial, exhortamos a todos los dominicanos a unirse en un espíritu de solidaridad y compromiso con el bien común. Reiteramos la importancia de fortalecer los ingresos fiscales del Estado, para atender los retos nacionales, pero creemos firmemente que esto debe hacerse de manera justa y equitativa. Como lo expresa el Papa Juan Pablo II en Sollicitudo Rei Socialis, “el desarrollo no puede reducirse a un simple crecimiento económico. Para ser auténtico, debe ser integral, es decir, promover a todo el hombre y a todos los hombres” (Sollicitudo Rei Socialis, 33).
9- La Iglesia, en su misión de acompañar a los pueblos, reafirma su compromiso de estar al lado de los más desfavorecidos y de abogar por políticas públicas que fomenten una sociedad más justa y solidaria. Exhortamos a nuestras comunidades y a todos los dominicanos a mantenerse informados y participativos en este proceso, y a actuar siempre desde el amor al prójimo y el respeto a la dignidad de todas las personas.
Conclusión
10- Reiteramos nuestra disposición a colaborar y acompañar a todos los sectores de la sociedad en este proceso. Confiamos en que el diálogo y la apertura al entendimiento permitirán encontrar soluciones que promuevan el desarrollo sostenible de la República Dominicana sin sacrificar la equidad y la justicia social. Nos encomendamos a Dios y pedimos la intercesión de la Virgen de la Altagracia, para que ilumine a nuestras autoridades y a todos los dominicanos en la construcción de un país más justo y solidario.
